CARTA ABIERTA PARA DESTRUIR ALGUNOS MITOS

En el marco del actual conflicto que enfrenta a los productores sojeros con la política económica del gobierno se difunden constantemente errores, visiones parcializadas e interesadas que poco coinciden con la realidad del campo argentino.

Durante diez años, la producción de granos era de 65.3 millones de toneladas, ahora, inclusive teniendo en cuenta a las tan vapuleadas retenciones, la producción creció a 97 millones de toneladas. Este crecimiento ha provocado profundos cambios, entenderlos permite comprender mejor lo que está en juego en la violenta protesta que los productores sojeros llevan adelante.

El propietario de la tierra no es necesariamente quien la trabaja
En la actualidad, entre el 40% y el 80% de los campos – según la zona- es trabajado por arrendatarios; ese porcentaje es insólito en la Argentina y en cualquier lugar del mundo. En consecuencia, esos propietarios han dejado de ser productores y ahora son rentistas; es decir, no trabajan el campo, sino que lo alquilan; en general a fondos inversores.
Como consecuencia del aumento de rentabilidad hubo un gran aumento del precio de la tierra que, en áreas de la pampa húmeda, de 7.500 pesos por hectárea en tiempos de la crisis de 2002 pasó ahora a cerca de 45.000 pesos; así, el pequeño propietario de 200 hectáreas tiene de golpe un capital en tierras de 9 millones de pesos. La mayoría de los propietarios – incluso los pequeños- arrienda sus campos para el cultivo de soja, que en la zona pampeana significan alrededor de 500 dólares por hectárea por año. De tal modo, un pequeño propietario de 200 hectáreas recauda la suma de 8.300 dólares mensuales, un equivalente a $26.000 mensuales; si tuviera 1.000 hectáreas, la renta sería de 124.000 pesos mensuales, y todo ello no le significa ningún esfuerzo.
Se ha generado así una clase media alta o una clase alta (según la cantidad de hectáreas); que ha dejado de ser productora para transformarse en rentista. Tal vez, una de las consecuencias de este cambio sea la nueva posición de la Federación Agraria Argentina (FAA), que representa a los terratenientes pequeños o medianos. Gran parte de sus representados ya no son más productores y alquilan sus campos; entonces, la FAA ahora pelea por su renta, con una visión más feudal que moderna.
Reclaman algo que no les pertenece
Los dueños de la tierra que además la producen sí tienen derecho al beneficio que surge de su trabajo; pero es muy diferente la renta de la tierra, generada no por el trabajo del productor sino por circunstancias externas a su trabajo. Estas circunstancias dependen de la naturaleza (tierra fértil, lluvias), del la situación económica internacional y de la fijación del tipo de cambio por el gobierno (un costo que pagamos todos los argentinos); nada tienen que ver los productores agropecuarios con estos requisitos. Si cualquier bien que fabrica la industria aumenta mucho de precio entonces muchas más fábricas empiezan a producir ese bien, bajando su precio. Esto no pasa con la producción de la tierra, que no puede crecer más porque está limitada por la cantidad de tierra fértil. La renta de la tierra, por su misma índole, pertenece a la comunidad nacional. En consecuencia, los productores agrícolas tienen derecho al beneficio empresario, no a la renta extraordinaria de la tierra. El gobierno no les mete la mano en el bolsillo cuando les cobra retenciones sobre una parte de la renta extraordinaria; son ellos los que pretenden quedarse con una tajada mayor que no les corresponde.
Si se eliminan las retenciones aumenta la pobreza
Las retenciones evitan el aumento de los precios de los alimentos, al desvincular los precios nacionales de los internacionales. En general, los empresarios tienen la alternativa de vender su producto en el mercado interno o externo. Si el precio internacional es mayor siempre van a preferir exportar, provocando un desabastecimiento que tiene como consecuencia directa la suba de los precios de los alimentos y el crecimiento de la pobreza. Por eso el gobierno tiene que captar la diferencia entre el precio internacional y el precio local. Al captar esta diferencia reduce el precio de los alimentos y financia diferentes gastos, como los 1.400.000 nuevas jubilaciones otorgadas el año pasado o las obras de infraestructura o vivienda que se hacen en todo el país. Lo hace a través de las retenciones. De este modo, al productor le significa la misma ganancia vender en Argentina que en el exterior, y por consiguiente, va a elegir vender en Argentina.
Un acuerdo con el campo tiene que contemplar estas tres cuestiones. Primero, ni en el diagnóstico ni en las soluciones deben confundirse la naturaleza ni las funciones de los productores y de los rentistas. Segundo, en el caso de los productores, hay que distinguir entre el beneficio empresario (al que tienen pleno derecho) de la renta de la tierra (que no les pertenece). Tercero, las retenciones impiden que los alimentos alcancen precios exorbitantes.
*Basada en artículo publicado por Eric Calcagno en la edición del diario Buenos Aires Económico del 26/05/2008.

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